El monte gallego, lastrado por el minifundio de la propiedad y por un estado de abandono que dispara el riesgo de incendios, se ha convertido en el recurso más infrautilizado en esta autonomía. En 1992, por unanimidad de todos los grupos, el Parlamento dio luz verde al Plan Forestal de Galicia (PFG), cuya vigencia era para 40 años, y en el que se preveía una inversión anual equivalente al 3% del presupuesto autonómico. El objetivo era convertir el monte en uno de los pilares de la competitividad de Galicia y en un recurso estratégico para el desarrollo de las comarcas.
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