La reforma de la Ley de Costas 'roba el sueño' al alcalde de Pontevedra

La ''reforma en profundidad'' de la Ley de Costas que viene de anunciar el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha despertado la preocupación en el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

El nacionalista confiaba en que el cambio normativo no saldría del envoltorio de rumor con el que echó a correr por los despachos de las administraciones y esperaba, en todo caso, que este no se tradujera en una carta blanca para las industrias que copan la costa gallega en caso de salir adelante.

Así lo manifestó y lo subrayó en la última entrevista concedida a este periódico, pero las palabras del 'popular' le han hecho reflexionar y acentuar su discurso.



El Gobierno abre la puerta a la permanencia de Ence en la ría

El nuevo ministro de Medio Ambiente no descarta la ampliación de las concesiones

Cuando parecía haber consenso político sobre el futuro de Ence y la imposibilidad de que la pastera permanezca en la ría más allá del 2018, el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dejado caer que impulsará una «reforma muy profunda» de la Ley de Costas, la norma que fija el 2018 como final de la concesión de los terrenos que ocupa la pastera.

El ministro se refirió a la Ley de Costas el pasado viernes, en su primera comparecencia pública sobre medio ambiente. Fue en el acto de toma de posesión de altos cargos del departamento, y según relatan las crónicas que llegan desde Madrid, no dejó lugar a las dudas: la idea central de su discurso fue que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. La reforma legal servirá, apuntó el ministro, para «poner en valor el litoral» y para «armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales».

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se confirmó la reforma de la Ley de Costas será «una de las prioridades» para el departamento que dirige Arias Cañete y no se oculta que que existe una «preocupación» sobre las miles de concesiones que caducarán en el 2018 -desde fábricas como Ence hasta viviendas, establecimientos hoteleros y otras instalaciones-. Por ello no se descarta una prórroga de las mismas. Lo contrario, apuntan, podría llegar a ser «dramático».

Precisamente, conseguir una moratoria de la Ley -y por lo tanto de su concesión para seguir en Lourizán- es una de las bazas que juega la pastera para tratar de continuar en la ría. Los responsables de la factoría pontevedresa subrayan una y otra vez que la planta cumple con todos los requisitos ambientales y que genera «empleo y riqueza» en la comarca.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se ha convertido en los últimos tiempos en la punta de lanza del PP gallego para impulsar el traslado del complejo fabril de Lourizán. El conselleiro, Agustín Hernández, ya ha puesto fecha de caducidad a la actividad de Elnosa, que tendrá que dejar de producir en su actual ubicación en enero del 2014. Y también ha instado a Ence a buscar una ubicación alternativa, ya que además de la ley de Costas que fija la caducidad de la concesión en el 2018, la Xunta aprobó el Plan de Ordeación do Litoral (POL) otorgando a los terrenos de Lourizán el segundo grado de protección más alto, lo que viene a reforzar a la propia normativa estatal. La duda es qué sucederá si la Ley de Costas, de rango superior al POL, sufre la anunciada reforma. Hernández tiene previsto reunirse el próximo miércoles con el comité de empresa de Ence para analizar la situación.

Cañete anuncia una "reforma muy profunda" de la Ley de Costas

Arias Cañete, Ministro de Agricultura y Medio Ambiente



La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una "reforma muy profunda" para "poner en valor" el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que "simplificará trámites ambientales" y potenciará el turismo en parques nacionales.

En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: "Nos gustan los chiringuitos", que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.

Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.

Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para "poner en valor el litoral" para "armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales".

Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.

La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación" y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.

Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.

En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.

El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería "dramático", según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.

Además, Arias Cañete ha anunciado una "simplificación de la normativa ambiental" para "agilizar trámites" y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.

En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar "las actividades turísticas en los parques nacionales".

Como sus predecesores, el ministro ha anunciado su intención de alcanzar un "pacto nacional" del agua. El anhelado pacto puede ahora ser más viable puesto que el PP también gobierna en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana, regiones clave para solucionar el déficit hídrico del Levante.